Todos tenemos derecho a generar nuestra propia electricidad
Fundación Tierra y Ecología y Desarrollo inician una campaña que reclama que el Gobierno facilite la implantación de renovables en el sector doméstico
Ante la necesidad de reducir la dependencia energética y minimizar el impacto del cambio climático, la producción de electricidad con energías renovables debería ser una obligación ciudadana, un compromiso ineludible para con las futuras generaciones.
Existen actualmente tecnologías de producción eléctrica como la fotovoltaica, la minieólica y la microcogeneración con biomasa cuyas condiciones las hacen adecuadas para cubrir las necesidades domésticas, ya que son modulables y fácilmente integrables en los edificios.
¿Por qué no se han extendido estas tecnologías?
Aunque teóricamente es posible para un ciudadano instalar en su edificio alguna de estas tecnologías, la normativa lo hace imposible en la práctica, entre otras cosas porque la producción de electricidad para autoconsumo no se considera en la actual legislación.
En España, toda la política de promoción de las renovables se basa en un único patrón: que sea una actividad lucrativa mediante la venta de electricidad a la red. Para ello existe un sistema de primas que se sustenta sobre el sistema tarifario que pagamos entre todos.
La producción eléctrica renovable (da lo mismo que la instalación sea de 1 kW o de 100.000 kW) se considera una actividad económica tipificada como “fábrica de electricidad”. De este epígrafe se derivan condiciones inasumibles y absurdas para los usuarios domésticos, comunidades de vecinos, pequeñas empresas, etc., que, hasta el momento, han visto completamente frustrada la posibilidad de realizar una instalación para autoconsumo.
Existen las condiciones técnicas, socioeconómicas y ambientales para impulsar un desarrollo ordenado de las renovables en el ámbito doméstico y dar opción al ciudadano a participar en la reducción de la dependencia energética del país y la carga que supone el consumo energético sobre el cambio climático.
Si los españoles tenemos derecho de forma fácil a ser abonados a la electricidad, para lo cual el Estado regula tarifas y condiciones del sistema, también debemos tener el derecho a producir nuestra energía de forma fácil con tecnologías renovables que ahorren emisiones de efecto invernadero.
¿Cómo hacerlo? La medición neta como fórmula para implantar las renovables en el sector doméstico y Pymes
En el sistema eléctrico español, la electricidad no se almacena sino que fluye constantemente desde los puntos de producción hasta los de consumo a través de la red eléctrica. Esto obliga a enormes desplazamientos de energía desde las grandes centrales a los grandes centros de consumo, con las consiguientes pérdidas.
Una pequeña instalación de autoconsumo funciona igual que una central, pero evita desplazamientos de energía puesto que se consume en el mismo sitio que se produce. Si en algún momento sobra energía, esta se vuelca en la red y es consumida por el vecino más próximo que la demanda.
Para ello es preciso que el contador mida la energía exportada, de la misma manera que mide la consumida. Esto, que ya se aplica en muchos países, se conoce como “meditación neta” y permite a los abonados domésticos entregar a la red pública los excedentes generados con energía renovable y ser remunerados por ello.
La medición neta es una herramienta para incentivar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de las renovables, facilitar una mayor diversificación de las fuentes de generación y, por tanto, incrementar la independencia energética del país. Además, el sistema permite reducir los costes de interconexión y administrativos de las empresas concesionarias del sistema eléctrico en lo que se refiere a las redes de distribución y transporte eléctrico.
Las empresas concesionarias de la distribución eléctrica deben facilitar su utilización tanto como se facilita el contrato de suministro de electricidad, ya que lo único que varía es el tipo de contador a utilizar.
¿Qué pasaría si autoprodujéramos la electricidad doméstica?
Considerar la tecnología fotovoltaica, minieólica, minitermosolar y de biomasa como apoyos a la producción eléctrica renovable contribuiría al ahorro energético a la vez que fomentaría la creación de empleo tanto para la instalación como para el mantenimiento.
La regulación legislativa de las fuentes renovables de aplicación doméstica es muy sencilla a través del sistema de medición neta. De la misma forma que hay una tarifa eléctrica para evitar la pobreza energética se puede definir una tarifa de medición neta para la contribución medioambiental de las renovables; basta fijar el precio de la misma.
Las energías renovables, en unos diez años, pueden ahorrar el 50% de las importaciones de gas y petróleo. Los beneficios económicos y ambientales de la inversión en las renovables son incuestionables. El sistema de primas iniciado en 1998 está agotado y es hora de dejar paso a la participación ciudadana invirtiendo en renovables para ahorrar electricidad. La contribución a la lucha contra el cambio climático del llamado sector difuso en la generación de emisiones, como son los edificios, puede contribuir a la reducción de gases con efecto invernadero gracias a la autoproducción con renovables. Por cada kW solar instalado se ahorra una media de 500 kg de CO2. Si, del actual parque de viviendas censado en España (unos 22 millones), tan sólo una cuarta parte se implicaran en los próximos diez años en la autoproducción eléctrica con el equivalente a 2 kW renovables, obtendríamos una potencia renovable de 11 GW capaces de generar al año de 13.200 GWh año, un 25 % de lo que genera actualmente el parque de centrales nucleares.
De modo que se puede apreciar la importancia socioeconómica y ambiental de un impulso al ahorro energético con renovables desde el sector doméstico. Una realidad que tan sólo precisa una simple regulación como es la medición neta. Finalmente, en España, hay 24 millones de abonados con tarifa doméstica de último recurso (por debajo de 10 kW) y unos 2 millones en el mercado liberalizado. Es urgente aunar esfuerzos para que toda inversión en autoproducción energética sea valorada como una inversión a favor del empleo, la economía sostenible y la calidad ambiental.
El derecho a que cualquier ciudadano pueda ser autoproductor energético y tener una tarifa (no un incentivo ni una subvención) que trasponga los beneficios socioambientales de invertir en su punto de consumo eléctrico con energía renovable es inapelable. Legislar para que la medición neta pueda implantarse entre los consumidores domésticos y Pymes es urgente.
BENEFICIOS DE UNA COMUNIDAD DE VECINOS QUE PRODUZCA SU PROPIA ELECTRICIDAD
En un edificio plurifamiliar moderno de 20 viviendas que cuenta con garaje, ascensor e iluminación eficiente, el consumo eléctrico anual puede alcanzar fácilmente los 20.000 kWh con un coste económico estimado de unos 3.000 euros y la emisión de 10 toneladas de CO2.
Con una autorización de medición neta para autoproducir electricidad, compensar todo el consumo eléctrico se conseguiría, por ejemplo, con una central fotovoltaica de 15 kW (ocuparía unos 130 m2 de superficie de la cubierta). La inversión en esta central solar (precios 2010) sería de unos 45.000 euros. En unos 15 años, el ahorro energético estaría amortizando la inversión, contando que la tarifa eléctrica no se incrementara, algo improbable. La vida media de esta instalación sería de mínimo 25 años.
Si además el excedente que se generara fuera bonificado con una tarifa especial por los beneficios ambientales de la inversión hecha por la comunidad, el periodo de amortización sería menor y motivaría más. La autoproducción energética es una de las pocas vías que tienen las comunidades de vecinos de contribuir a la lucha contra el cambio climático y a reducir la dependencia energética.
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